No en vano el Reino Unido ha llegado a un acuerdo con Ruanda, y no con otro país, para trasladar a sus solicitantes de asilo y externalizar la tramitación de sus expedientes. El acuerdo es una extensión lógica de la política exterior de Kigali desde el genocidio tutsi de 1994. Proporciona a Kigali una ventaja sobre los Estados poderosos. Durante quince años, la persecución global de personas sospechosas de haber participado en el genocidio de 1994 ha permitido a Ruanda establecer una red transnacional de cooperación entre la justicia penal y los organismos de control de fronteras.