'No están solas, tienen derechos, conózcanlos y ejérzanlos', afirma el director general, José Segura Clavell

Agencia EFE: Las primeras Jornadas sobre Derechos de las Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género, promovidas por la Delegación del Gobierno en Canarias con la colaboración de Casa África, han instado a reconocer la violencia estructural para mejorar la protección de las migrantes víctimas de violencia de género. "No se trata de mujeres vulnerables, sino de mujeres vulneradas por un sistema que las coloca en posiciones subalternas", ha subrayado al término de su intervención, que han seguido, entre otros, los cónsules de Senegal y Mauritania en Canarias, Katia Van Bockel y Mohamed El Moustapha Seyidi, el jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Delegación del Gobierno de Canarias, Alberto García.

Previamente, tanto el director general de Casa África, José Segura Clavell, como la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, han insistido en reivindicar, ante representantes de entidades sociales que trabajan con el colectivo, los derechos que asisten a estas víctimas de violencia machista, aunque estén en situación irregular en España, como el de residencia temporal por razones humanitarias, unas cuestiones que muchas desconocen por el "aislamiento" en el que viven, también las que residen de forma regular en el país.

"Nos hemos dado cuenta de que con las que vienen del continente africano tenemos diferencias lingüísticas, culturales y sociales y que suelen estar aisladas, con redes muy limitadas, por lo que tenemos que hacer un sobreesfuerzo para que sean investidas de los mismos derechos que cualquier mujer nacional. Se relacionan poco y se enteran poco de la situación legislativa que tienen en este país", ha referido Mayans.

"No están solas, tienen derechos, conózcanlos y ejérzanlos", ha apostillado, por su parte, José Segura, quien ha subrayado que la española "es una de las democracias del mundo con mayor número de normas protectoras del desvalido, en este caso, de las mujeres necesitadas de auxilio, que no deben sentirse solas o indefensas y que no deben estar acobardaditas por ser migrantes, ya que son seres humanos con la misma calidad que las de otras procedencias".

En los mismos términos se ha expresado la presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias, Farhana Mahamud Dich, quien ha asegurado que "muchas de ellas desconocen que son titulares de esos derechos", que ven infringidos "desde que inician su proceso migratorio, por lo que es necesario darles información para que puedan seguir adelante y luchar por tenerlos".

A su juicio, "quien tiene que velar por esos derechos es la Administración y los agentes que prestan asistencia jurídica a esas mujeres, si bien la red asociativa en Canarias es muy potente e intenta prestar esa asistencia y acompañamiento a las mujeres que solicitan esa ayuda".

"Muchas de ellas no tienen familiares en España y se acercan a nosotras por la cercanía, consideran que somos hermanas. Son mayoritariamente africanas, pero también hemos acompañado a latinoamericanas", ha añadido Mahamud Dich.

El jefe de Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Delegación del Gobierno de Canarias, Alberto García, ha resaltado en su exposición que "las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las estadísticas de violencia de género", donde representan el 35 % de las asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas entre 2003 y 2024.

A ello su suma el hecho de que el 34,8 % de las 129.963 denuncias presentadas en 2023 en este país por violencia de género implicaran a mujeres extranjeras.

Además, ha referido, 444 de las 1.258 mujeres que han sido asesinadas por violencia de género desde 2003, es decir, un 35,3 %, eran migrantes.

Los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) reflejan que el 27 % de las 5.850 víctimas de violencia de género que reciben atención policial este año en Canarias son mujeres nacidas fuera de España.

García también ha reseñado que en 2022 el 23,1 % de las víctimas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual correspondieron a mujeres migrantes y ha añadido que el 18 % de las pulseras electrónicas instaladas en España correspondieron a mujeres migrantes, colectivo que supera en un 8 % a las españolas que habían interpuesto denuncias antes de ser asesinadas por sus parejas o exparejas.