Johannesburgo, 22 feb (EFE).- La comisión judicial que investiga en Sudáfrica la extensa corrupción presuntamente ocurrida bajo el mando del expresidente Jacob Zuma (2009-2018) pidió hoy al Tribunal Constitucional del país que imponga una pena de dos años de cárcel al exmandatario por negarse a declarar. En una moción presentada este lunes ante el máximo tribunal de Sudáfrica, la secretaría de la denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado argumentó que Zuma es culpable de un delito de desacato por haber desobedecido sus órdenes de comparecencia para testificar la semana pasada. El expresidente lo hizo, además, intencionalmente , según recalca el texto de la moción. Por ese motivo, la comisión pide dos años de prisión como castigo -dada la reiterada actitud desafiante de Zuma y su posición de referente social-, pero puntualiza que admitiría su suspensión si el expresidente accede a declarar. La decisión de acudir al Constitucional para pedir una pena de prisión para Zuma la había avanzado ya el magistrado que preside la Comisión de Investigación de la Captura del Estado, el juez Raymond Zondo, el 15 de febrero pasado. Esta comisión estudia si durante el gobierno de Zuma el sistema público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que incluso definían la entrada y salida de ministros en función de sus intereses. Ese día el expresidente estaba citado a dar testimonio en la sede de la comisión, ubicada en Johannesburgo, pero Zuma no se presentó. UN ÓRDAGO DE ZUMA AL PODER JUDICIAL DE SUDÁFRICA Su ausencia no fue una sorpresa, ya que días antes Zuma había manifestado, en un desafiante comunicado, que no pensaba colaborar con la comisión. Además, acusó al aparato judicial de actuar contra él por motivaciones políticas. No temo ser arrestado, no temo ser condenado y no temo ser encarcelado , afirmó entonces Zuma. Constatada su incomparecencia, el juez Zondo decidió recurrir al Tribunal Constitucional. Esto es muy serio. Si se permite, reinaría la ilegalidad y el caos , manifestó aquel día el magistrado. En la causa contra Zuma, la comisión tendrá a su favor un dictamen del propio Tribunal Constitucional, emitido el pasado enero, en el que la máxima corte del país especificaba que las citaciones emitidas por el juez Zondo son obligatorias y que los testigos no pueden negarse a prestar declaración. El órdago a esas órdenes por parte de Zuma -quien, pese a sus grandes escándalos, mantiene ciertas cotas de popularidad en algunos sectores de la sociedad sudafricana- está causando un fuerte revuelo político en el país. Incluso su sucesor en la presidencia y colega de partido, Cyril Ramaphosa, aprovechó hoy su mensaje semanal a la nación para enfatizar que es preocupante que aquellos que ocupan posiciones prominentes en la sociedad hagan declaraciones que muestran desdén por los principios básicos de la Constitución y de las instituciones que defienden la democracia sudafricana. La comisión de investigación del juez Zondo no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro. Zuma, forzado a dimitir por su propio partido (el gobernante Congreso Nacional Africano, movimiento bajo el que militó Nelson Mandela) a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos de corrupción, niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política. Pero en paralelo a las graves acusaciones de la Captura del Estado, el expresidente está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990 y en 2016 tuvo que devolver medio millón de euros de dinero público que gastó de forma irregular en reformar su residencia privada. EFE © EFE 2021. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.